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โข La iniciativa propone sanciones penales y administrativas contra actos de corrupciรณn inmobiliaria a fin de frenar las ventas fraudulentas, cambios irregulares de uso de suelo y construcciones fuera de la ley
El diputado Venustiano Pรฉrez Sรกnchez presentรณ ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone tipificar el delito de โCorrupciรณn Inmobiliariaโ en Baja California Sur, asรญ como incorporar esta conducta como falta administrativa grave dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
En tribuna, Pรฉrez Sรกnchez planteรณ que el alcance de la iniciativa es el de adicionar un artรญculo 291 Bis al Cรณdigo Penal para el Estado de Baja California Sur, con el รบnico fin de sancionar a servidores pรบblicos o particulares que induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales relacionadas con construcciones, uso de suelo, comercializaciรณn de inmuebles o edificaciones fuera del marco legal.
En la exposiciรณn de motivos, el promovente seรฑalรณ que la propuesta surge ante el incremento de prรกcticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, como ventas fraudulentas, construcciones irregulares, despojos y actos de corrupciรณn relacionados con autorizaciones, permisos y cambios de uso de suelo, acciones que afectan directamente el derecho de las familias sudcalifornianas a adquirir una vivienda digna.
En ese tenor, precisรณ que la reforma contempla sanciones de diez a veinte aรฑos de prisiรณn y multas econรณmicas para quienes incurran en estas conductas, asรญ como prever agravantes cuando existan beneficios econรณmicos directos o indirectos para funcionarios pรบblicos, familiares, socios o terceros relacionados, e incluso la cancelaciรณn definitiva de licencias y registros para agentes inmobiliarios involucrados en este tipo de actos.
De igual manera, se plantea adicionar un artรญculo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para considerar la corrupciรณn inmobiliaria como una falta administrativa grave.
Finalmente, el legislador destacรณ que el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda en la entidad urgen fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio familiar en Sudcalifornia, principalmente para mujeres jefas de familia y adultos mayores, y del mismo modo combatir ilegalidades que generan desigualdad, desplazamiento y afectaciones al ordenamiento territorial.
